Situación Política Nacional ENERO 2010
1. Recesión económica sin crisis para los dueños del poder y la riqueza.
Iniciando el año 2010, y haciendo un balance retrospectivo, reiteramos lo que tempranamente señalamos a principios del 2008: la crisis financiera internacional tendría un impacto tangencial en la economía de los dueños del poder y la riqueza, que lograría ser absorbido tanto por las políticas estatales contra-cíclicas coordinadas entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, como por la fortaleza del sistema financiero y las sólidas posiciones de los grupos económicos en nuestro país.
Ciertamente la economía chilena entró en recesión durante la mayor parte del 2009. Los indicadores de crecimiento, escuálidos ya antes de la crisis internacional, comenzaron a exhibir cifras negativas desde noviembre de 2008, llegando a un piso mínimo de -5,1% en abril de 2009. La inflación también ha mantenido indicadores negativos, acumulando a noviembre una caída de -2,3% en 12 meses. Sin embargo, en este último mes, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), mostró un aumento de un 3,1%, respecto a igual mes del año anterior, marcando el inicio formal de la reactivación económica, proyectándose para el 2010 un crecimiento del PIB cercano al 5%.
A pesar de la recesión, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró el 2009 con un aumento en su rentabilidad anual de un 50,07%, la mayor desde hace 16 años. La banca acumuló una rentabilidad anual de US$ 2.200 millones de dólares. A su vez, los grandes grupos económicos lograron holgado financiamiento para sus operaciones, a través de la colocación de bonos por más de US$ 6.500 millones de dólares.
Las AFP´s, a pesar de los negativos resultados de sus inversiones internacionales del 2008, producto de la crisis financiera mundial, que provocaron pérdidas millonarias para sus afiliados, el 2009 aumentaron su exposición en instrumentos financieros externos en un 101,5%, a US$ 51.765 millones de dólares.
A fines de 2009, se proyectan exportaciones totales por un monto cercano a los US$ 50 mil millones de dólares, con un superávit en la balanza comercial de US$ 13 millones de dólares.
Así mismo, la inversión extranjera autorizada en Chile en 2009 se convirtió en la más alta de los últimos ocho años, ubicándose en US$ 6.280 millones de dólares, siendo las principales inversiones del año la compra de D&S (Líder) por parte de Wal-Mart, operación valorada en unos US$ 2.700 millones de dólares y la adquisición de Cemento Melón por la empresa peruana Brescia, por un total de US$ 550 millones.
Por otro lado, mientras la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), con la excusa de la crisis, cancelaba contratos con sus subcontratistas en el sur de Chile, provocando un aumento de la cesantía en la región, adquiría al mismo tiempo activos forestales en Brasil por US$ 1.340 millones de dólares.
Esto es, en plena crisis financiera internacional, y mientras muchos sacaban cuentas alegres de que el capitalismo llegaría a su fin, sin la necesidad de levantar organizaciones de clase, revolucionarias, que junto a oleadas de pueblo movilizado lograran acabar con él, Chile se convirtió en una atractiva plaza para los inversores extranjeros, dado el nivel de estabilidad que ha alcanzado el capitalismo en nuestro país, y fuera de reducir un poco sus ganancias, la burguesía monopólico financiera y sus grandes grupos empresariales salieron nuevamente incólumes y, de hecho, fortalecidos. El mejor ejemplo, el gallito que le ganó al gobierno Horst Paullman, dueño del grupo CENCOSUD (JUMBO), al transformar en símbolo de “la crisis económica del país” su decisión de paralizar la construcción de su rascacielos en Santiago y despedir a más de 3.000 trabajadores, sólo para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pagara con dinero de todos los chilenos las obras de mitigación vial que el empresario no quería pagar y finalmente no pagó.
Las expectativas para el año 2010 vienen aún mejor para los dueños del poder y la riqueza. Indican un crecimiento económico del PIB del país en torno al 5%; una inflación cercana al 2,5%; un aumento de la demanda interna de un 8,0%, sustentado en una expansión del consumo de un 4,0% y de la inversión en un 10,0%. Por otro lado, el desempleo se mantendría en torno a un 9,2% que, aunque es alto, se ha transformado en un porcentaje estructural incorporado al funcionamiento de la economía desde hace dos décadas, a lo que nos han acostumbrado los tecnócratas neoliberales de la Concertación y las dirigencias sindicales entreguistas.
Finalmente, el grado de solidez del sistema capitalista chileno se refleja en que, a pesar de la crisis financiera mundial, después de dos años de evaluación por parte de equipos de analistas económicos internacionales, la Concertación logró el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), algo así como un “Club de la Unión” de los países desarrollados, convirtiéndose en su miembro N°31 y en el primer país sudamericano en hacerlo.
Solidez del patrón de acumulación, que también manifiesta el nulo efecto del proceso electoral en las decisiones de los principales grupos empresariales del país, o lo que es lo mismo, la seguridad absoluta que tienen los empresarios en el mantenimiento de las reglas del juego para ellos, con independencia de quién sea electo, como lo demuestra la activación de numerosos proyectos de inversión para el 2010, por unos US$ 27.000 millones de dólares, muchos de los cuales iniciaron su construcción precisamente el año de la recesión, el 2009.
2. La crisis en la economía de los trabajadores y el pueblo
Donde si hubo crisis, fue en la economía de los trabajadores, en la de las clases medias empobrecidas y de los pobres del campo y la ciudad, debido a que precisamente el sistema neoliberal funciona utilizándolos como mecanismo de ajuste o amortiguación del ciclo económico, endosándole al Estado, en su rol subsidiario según las recetas neoliberales, las negativas consecuencias sociales de desempleo y empobrecimiento generalizado que genera el modo “normal” de funcionamiento del capitalismo de corte neoliberal.
Eso es lo que explica, según las cifras oficiales –que siempre son más bajas de lo que corresponde-, que el desempleo en el país haya superado el millón de personas durante los meses de invierno (10,8% de la fuerza laboral) y que todavía hoy se mantenga alto, situándose en un 9,1%, en el trimestre septiembre-noviembre de este año (unas 700 mil personas).
Los trabajadores más golpeados por la cesantía, siguen estando en Valparaíso, con una tasa de desempleo de un 10,3%; En el Bío-Bío, con un 10,2% y en La Araucanía, con un 10% de desempleo. En la Región Metropolitana de Santiago, que congrega alrededor del 40% de la fuerza laboral del país, el desempleo se situó en el 9,5 %, y por edades, los más perjudicados por la falta de trabajo siguen siendo los jóvenes de entre 15 y 19 años, con una tasa del 28,4% y de entre 20 y 24 años, con un 19,6% de desempleados.
Estos porcentajes deben ser corregidos y aumentan, si además se considera que la cesantía se concentra en la población más pobre, y si se descuentan las miles de personas que a lo largo de todo el país trabajan en los planes de empleo de emergencia del gobierno y que son cesantes encubiertos, ya que no corresponden a puestos de trabajo permanentes.
Sin embargo, a pesar de la escalada de la inflación y de las pérdidas millonarias de los Fondos de Pensiones el 2008 y del aumento drástico del desempleo el 2009, no ha explotado una conflictividad social generalizada en el país.
Si, se mantiene una tendencia en algunos sectores de trabajadores, a una mayor organización y movilización: Desde el año 2005 viene aumentando lenta pero sostenidamente el número de trabajadores involucrados en movilizaciones reivindicativas bajo el marco de la actual legislación laboral, con 11.209 trabajadores movilizados ese año, a 18.896 a noviembre de 2009. A estas cifras hay que añadir los trabajadores que se movilizan por fuera de esa legislación y que en general laboran para empresas subcontratistas o para el Estado. En el caso de los trabajadores subcontratistas forestales, por ejemplo, sólo el 2009 movilizaron a más de 8.000 trabajadores.
En el caso de los empleados del Estado, si bien nuevamente este año se movilizaron masivamente empleados públicos, municipales y profesores, debiendo enfrentar no sólo la represión en las calles, sino incluso la descalificación y el desconocimiento de sus demandas por parte del gobierno, predomina en sus organizaciones la militancia política tanto de los dirigentes como de los asociados, por lo que su dinámica de organización y movilización es muy dependiente de los partidos del bloque dominante y hace que su movimiento sea generalmente cooptado en forma efectiva por el gobierno, como quedó en evidencia con la movilización de los profesores por el bono SAE.
Finalmente, sólo los trabajadores de la gran minería han estado en condiciones de presionar por mayores aumentos salariales, gracias a los altos precios del cobre, que se han mantenido a pesar de la crisis internacional.
Las políticas contra-cíclicas del Estado, si bien no evitaron el aumento del desempleo (porque no era su objetivo) ni la recesión, si lograron contener el descontento por la vía de inyectar varios miles de millones al gasto social (bonos, mejoramiento de pensiones mínimas y reajustes al sector público), lo que se sumó a tres factores adicionales: Primero, el rol de contención de la protesta jugado por las dirigencias sindicales de la CUT y el PC, en pleno proceso de integración subordinada a la Concertación; Segundo, el proceso electoral que copó los medios de comunicación y Tercero , la estabilización de la inflación en el país.
Entonces, a pesar de haber una percepción generalizada de crisis económica y a pesar del impacto concreto de la inflación acumulada y del aumento drástico del desempleo en el país, el 2009 fue un año de baja conflictividad social (que se concentró en las movilizaciones de empleados públicos y profesores), los grandes empresarios, aunque vieron algo disminuidas sus ganancias, lograron inversiones millonarias, e incluso el gobierno salió fortalecido, obteniendo la presidenta niveles inéditos de aprobación en las encuestas.
3. El capitalismo neoliberal chileno funciona de manera dual: bien para los grandes grupos económicos, mal para los trabajadores y el pueblo.
Creemos que lo que explica esta aparente paradoja, más que la buena gestión pro empresarial del gobierno de Bachelet (que le valió una cena en su honor organizada por la minera Barrick Gold en los Estados Unidos), es que nuestro capitalismo neoliberal funciona de manera dual.
El buen funcionamiento del modelo neoliberal en Chile, en un polo genera extraordinarias riquezas para las clases dominantes, pero en el otro, genera pobreza, genera cesantía y es profundamente explotador para los trabajadores y el pueblo. No es que el modelo tenga fallas. Por el contrario, funciona así y en este sentido, no se puede corregir. No hay un modelo de neoliberalismo “bueno”, por decirlo de alguna forma, así como no hay una forma o modelo de capitalismo que no se base en la explotación del hombre por el hombre como mecanismo principal de dominación.
Por el contrario, es gracias a este dumping social, en conjunto con una matriz primario exportadora de bajo valor agregado, que la economía de Chile pudo crecer a tasas de un 7% anual entre 1986 y 1996, la época económica dorada post-dictatorial de los neoliberales, que sólo pudo ser posible gracias a la conformación de un “bloque histórico”, una poderosa alianza política y económica entre las clases dominantes que logró subordinar a su proyecto a amplios sectores sociales y políticos del país.
Por un lado, grandes grupos monopólicos-financieros controlan la economía nacional, copando los principales ejes de crecimiento de nuestro modelo económico capitalista, neoliberal y primario exportador, en coordinación y colaboración estrecha con las autorid ades estatales, y sobre un terreno institucional tremendamente estable, gracias a los acuerdos existentes entre la Concertación y la derecha, que le otorgan la gobernabilidad necesaria al sistema.
Por otro lado, miles de empresas medianas y pequeñas se integran en forma subordinada a las cadenas productivas, logísticas y de distribución de los primeros, o funcionan en aquellos sectores económicos y/o geográficos “perdedores”, que fueron dejados de lado por el actual modelo de crecimiento económico por no ser competitivos o por responder a formas previas de desarrollo del capitalismo en el país y que aún logran, a duras penas, sobrevivir. Segundo grupo y circuito de empresas, más pequeñas, a las que se integra la gran masa laboral de nuestro país, en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral.
Es por esta característica de dualidad estructural de la economía del país, que señalamos a principios del 2008 que en Chile, crisis en la economía de los poderosos, no iba a ocurrir.
4. Las raíces de la coyuntura política actual.
Sin embargo, desde la crisis asiática, que se produjo en la segunda mitad del periodo de Frei, la economía del país no crece al ritmo que la burguesía monopólico-financiera y las trasnacionales requieren. Es por esto que ya desde hace varios años vienen planteando la necesidad de profundizar las reformas neoliberales, lo que implica no sólo mayor flexibilidad y precariedad laboral, sino también continuar disminuyendo el rol del estado y los montos destinados al gasto social –actualmente subsidiario y tributario en un 100% de la lógica neoliberal- y privatizar, no sólo las empresas que quedan en manos del Estado, sino también áreas que no estaban operando completamente bajo la lógica del capital, como lo son Salud y Educación.
El patrón de acumulación capitalista en Chile, en su versión neoliberal, dada la característica de dualidad estructural que señalamos, presenta entonces una importante contradicción que se ha venido profundizando la última década. Por una parte, necesita seguir “creciendo”, por lo que la burguesía viene presionando para profundizar sus niveles de explotación, flexibilidad y precariedad laboral, lo que correlativamente agudiza los problemas sociales que trae asociados. Por otra parte, para seguir creciendo, el régimen político del país debe asegurar condiciones mínimas de estabilidad social, política e institucional para el funcionamiento del modelo, lo que se engloba bajo el concepto de “gobernabilidad”, cuyo mantenimiento es el principal objetivo del agente político hegemónico.
El caso es que las consecuencias sociales desastrosas de esta economía dual, que están en la base del ciclo de ascenso de las luchas político-reivindicativas del movimiento social desde el año 2000, son las que están generando por acumulación las principales tensiones al régimen político vigente.
Las contradicciones sociales que crea el neoliberalismo, a través de su expresión en un nuevo ciclo de organización, movilización y luchas populares (deudores habitacionales, subcontratistas, secundarios, portuarios, pescadores artesanales, ambientalistas), han venido erosionando esa gobernabilidad y han venido restando legitimidad al agente político hegemónico, que cada vez ha debido ir aumentando las medidas represivas contra el movimiento social, pero también, en función de mantener su rol hegemónico, ha debido emprender tímidamente algunas reformas institucionales que repercuten a su vez sobre el modelo económico.
Tenemos así una contradicción que implica que, o el régimen político genera las condiciones para profundizar el modelo, perdiendo gobernabilidad en el corto plazo (la dinámica ya está instalada, se ha abierto un ciclo de movilizaciones populares) y por lo tanto debiendo recurrir a mayores niveles de represión y criminalización (lo que también ya está instalado y genera un círculo vicioso), o el régimen político se abre a reformas políticas, sociales e institucionales que garanticen mayores niveles de gobernabilidad, lo que implica introducir cambios a la forma misma en que opera el régimen político y abre la puerta a modificaciones en la forma en que opera el modelo económico, por lo tanto, amenazando directamente los intereses de los dueños del poder y la riqueza, con lo que el agente político hegemónico pierde a su principal aliado, la clase fundamental del bloque dominante, afectando la gobernabilidad capitalista al desestabilizar las alianzas internas, establecidas, entre las clases dominantes.
Esto, porque como decíamos, el patrón de acumulación capitalista neoliberal no admite “mejoras sociales”, solo profundizaciones en la misma lógica del modelo. Ahora, la regresión a una modalidad anterior del patrón de acumulación es posible, pero no viable en el mediano y largo plazo, ya que ese fue el patrón que entró en crisis a fines de los ´60 y principios de los ´70 en el país, lo que implica similares tensiones sociales.
Creemos entonces que lenta, pero inexorablemente, se van generando las condiciones para un escenario de mayor polarización social y política, ya que el modelo económico neoliberal, tal cual cómo funciona en Chile, sólo pudo implantarse bajo un régimen militar dictatorial y sólo ha podido operar en condiciones de estabilidad, bajo un régimen autoritario de democracia restringida, dónde había un agente político hegemónico con una gran legitimidad social, que pudo cooptar y subordinar con éxito al movimiento popular y a una parte de la izquierda, tras su proyecto neoliberal.
Sin agente político hegemónico, que logre expropiar con éxito el contenido político a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, que logre subordinar a las organizaciones sociales, sindicales y a las propias organizaciones políticas de la izquierda al proyecto político de las clases dominantes, la gobernabilidad del sistema entra en crisis, cuya primera expresión es una crisis de representación.
5. La crisis de la Concertación.
A pesar de todos los positivos indicadores para la economía de los dueños del poder y la riqueza, a pesar de la estabilidad social lograda por el gobierno de Bachelet, que era el principal objetivo de clase de su gobierno, la Concertación como coalición, el agente político hegemónico que ha asegurado las condiciones de gobernabilidad para el funcionamiento del capitalismo en chile desde 1990, ha perdido legitimidad social, coherencia interna y se ha transformado en un factor más de crisis, no sólo del régimen político de democracia restringida, sino también del propio modelo económico.
La Concertación, desde fines de la dictadura hasta hoy, gobernando con símbolos de centroizquierda y haciendo un uso comunicacional intensivo de la contradicción “pueblo-dictadura”, ha logrado manejar, administrar y perfeccionar en nuestro país una de las versiones más puras del neoliberalismo en el planeta.
Sin embargo, las herramientas ideológicas que ha utilizado la Concertación para mantener la adhesión de la población sobre los 40 años (que alcanzó a vivir bajo la dictadura militar) no están siendo igualmente efectivas con las generaciones más jóvenes, que no vivieron ese periodo y que, por el contrario, han debido lidiar con las consecuencias nefastas del neoliberalismo sostenido por la Concertación.
Desde fines de los años noventa esto se ha expresado, sobre todo, en las multitudinarias manifestaciones de los estudiantes secundarios, pero también, crecientemente en la disposición de los trabajadores más jóvenes y aquellos menos calificados, a la movilización, por ejemplo, en el sector de los subcontratistas de los rubros minero y forestal.
El trasfondo de estas movilizaciones ha sido la cesantía estructural, los bajos sueldos, la precariedad laboral, la precariedad previsional, la situación de pobreza de gran parte de la población del país, los actos de corrupción en la administración del Estado, las componendas políticas, la conducción tecnocrática de las políticas públicas, la represión al movimiento social, los abusos empresariales, incluso el impacto del Transantiago, entre muchos otros.
Las respuestas de los gobiernos de la Concertación, en general y como un proceso reflejo a su burocratización al interior del Estado, han sido las maniobras descalificatorias y desmovilizadoras del movimiento social; el respaldo a la institucionalidad pactada con la derecha y a una lógica tecnocrática de administración del poder (“mesas de diálogo” varias; LGE neoliberal en vez de LOCE neoliberal, frente a las demandas estudiantiles; mantenimiento del régimen de subcontratación laboral y definición de empresa, frente a las demandas de los subcontratistas; respaldo a los grupos económicos, en desmedro de las demandas ambientalistas; apoyo a los empresarios salmoneros, en desmedro de los trabajadores arrojados a la cesantía, entre muchos ejemplos), así como el incremento a la represión y criminalización de la protesta social, que ha llevado al gobierno de Bachelet a romper el récord de cantidad de detenidos en protestas que tenía el régimen de Pinochet y que ha motivado a Carabineros, no sólo a más que triplicar sus efectivos destinados a Fuerzas Especiales, sino también a crear una aplicación computacional específica para registrarlos y procesarlos. Clima represivo que se refleja también, en el aumento de asesinatos de manifestantes a manos de la policía, principalmente Mapuche, pero también, en el primer asesinato de un trabajador durante una huelga, desde los años sesenta.
Ciertamente, como señalamos, el descontento social que venía en alza sostenida, ha podido ser contenido el último año y el gobierno de Bachelet, el más represivo de la Concertación, ha logrado evitar su expresión masiva en las calles de las principales ciudades del país. Pero, sigue ahí y se expresa, por una parte, en que 9 de cada 10 jóvenes no está inscrito para votar, siendo aproximadamente 4 millones de personas las que se abstienen de participar en los procesos electorales –por distintos motivos, ciertamente- y, por otra parte, se expresa también en los porcentajes cada vez mayores de población que no se siente interpretada, representada, protegida ni beneficiada por la conducción concertacionista, lo que explica la progresiva merma de su base electoral: un 47,96% de Lagos en 1999; un 45,96% de Bachelet y ahora, en primera vuelta, un 29,62% de Frei (después de haber obtenido un 57,98% de los votos en 1993).
Junto a lo anterior, después de veinte años como agente político hegemónico, la Concertación ha perdido coherencia interna, y ya no sólo no tiene un proyecto común para enfrentar las tareas de gobierno, sino que sus estructuras partidarias se han transformado en campos de lucha por el poder y acceso a recursos de organización a través del Estado, para los operadores políticos y sus redes clientelares. Esta situación está en la base del progresivo fraccionamiento de la Concertación.
Primero, el descuelgue de caudillos locales en elecciones municipales y parlamentarias, que se hizo masivo para las municipales del 2008, donde además la Concertación se presentó en dos sub-pactos (PPD-PRSD, PS-DC) para aprovechar las reformas al binominal a nivel de elección de concejales. Después, la expulsión o descuelgue voluntario de 4 senadores y 8 diputados, que arrastraron consigo a parte de la militancia concertacionista, y que resultaron en la constitución de dos nuevos referentes de derecha, Chile Primero y el PRI, así como en la aventura “progresista” de Navarro con la fundación del MAS.
La situación de crisis se extendió al 2009, con la pugna interna entre el PRSD y el PS, que terminó a los golpes e insultos entre el presidenciable y presidente del Partido Radical, Juan Antonio Gómez y el presidente del PS, Camilo Escalona, y la presentación de cinco pre-candidaturas provenientes de la misma Concertación: Zaldívar (PRI); Frei (Concertación); Arrate (PC), Navarro (MAS) y Enríquez-Ominami.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales, terminó por transformarse en una primaria de la Concertación, enfrentándose el pacto Concertación-PC a Enríquez-Ominami, factor que se constituyó en la mayor fisura al interior del agente político hegemónico en 20 años, constituyendo desde el principio en un voto protesta y una amenaza a la base de apoyo electoral de la Concertación y que terminó dejándola a punto de perder el gobierno frente a la derecha, debido a la alta votación que obtuvo en primera vuelta -un 20,12%-, logrando representar un arco diverso, difuso y fluido del electorado, básicamente concertacionista descontento de la Concertación, pero también a sectores de izquierda, “progresistas” e incluso sectores de la derecha.
Como señalamos en nuestra declaración de diciembre, la candidatura de Enríquez-Ominami fue una expresión más de la crisis del agente político hegemónico, y un factor de su profundización.
Lo planteamos nuevamente, no sólo por la votación que obtuvo en la primera vuelta, sino también por la voluntad de constituir un nuevo referente político por parte de algunos miembros de su comando, lo que se lograría a costa y a la izquierda de la Concertación, proceso facilitado por la salida de los sectores de derecha que se integraron al día siguiente de la primera vuelta al comando de Piñera; También, por la declaración de Frei de continuar la competencia electoral con autonomía de los partidos, endosándoles la derrota, así como por la posterior renuncia de los presidentes del PRSD y PPD, y la negativa a renunciar de los presidentes de la DC y PS, intervención gubernamental mediante, a pesar de la fuerte presión interna y las críticas realizadas desde dentro de sus propios partidos para que estos renunciaran. Lo planteamos, sobretodo, por la posibilidad cierta que parte de los votos captados por esta candidatura no se traspasen a Frei el 17 de enero, fecha de la segunda vuelta, derrota que efectivamente traería aparejada una crisis aguda de la coalición, hasta ahora gobernante.
Ahora, reconocer esto, sólo indica que estamos prestando atención a los procesos políticos y sociales que están ocurriendo en el país. Por ejemplo, uno que involucra la nada despreciable cantidad de unas 7 millones de personas y afecta concretamente la vida de varios millones más… Ni más, ni menos. Proceso que es el corolario de una serie de transformaciones o cambios en la forma como se articula el bloque histórico de las clases dominantes, iniciados a principios de esta década, y que nos sitúa en una nueva etapa política, de fragmentación, disolución o reconfiguración del hasta ahora agente político hegemónico y de un eventual retorno de la derecha al poder político, lo que implica objetivamente cambios, quizá no en lo fundamental de la conducción económica del Estado, que ha sido 100% neoliberal con la Concertación, sino en la forma en que las clases dominantes ejercen su dominación.
6. Las elecciones presidenciales del 2009 y las tres alternativas de recambio del agente político hegemónico.
Para nosotros, desde el punto de vista de los contenidos de clase, las cuatro candidaturas, de Piñera, de Frei, de Marco Enríquez-Ominami y de Arrate, representaban cuatro aspectos diferentes de una misma necesidad del bloque dominante: resolver cómo se reconfigura un agente político hegemónico que logre conjugar crecimiento económico y gobernabilidad social, esto es, conjugar el enriquecimiento de una fracción minoritaria de la población, los dueños del poder y la riqueza, a través de una mayor explotación y empobrecimiento generalizado de los trabajadores y el pueblo, sin expresiones públicas ni organizadas de descontento popular que amenacen al modelo económico.
En este sentido, a pesar de expresar contenidos distintos o formas distintas de ejercer el poder político, ninguna de las tres candidaturas principales ponía en ningún momento en cuestión el actual sistema de dominación en Chile ni las políticas centrales emanadas desde el Estado, y si bien una de ellas profundizaba la crisis del agente político hegemónico, se constituía a la vez en la mejor opción para su recambio por arriba.
La situación respecto a Piñera y Frei es clara, ambos representan fielmente los intereses de la burguesía monopólico-financiera asociada al capital trasnacional.
Piñera, como empresario, constituye él solo un grupo económico en el país, ciertamente de los más voraces, con múltiples y cruzados intereses en diversas áreas de la economía.
Sin embargo, un gobierno de la derecha no podría realizar un adecuado rol como agente político hegemónico, porque representa para un amplio sector del país, un retorno de los cuadros civiles dirigentes de la dictadura al gobierno, una suerte de neo-pinochetismo sin Pinochet, por lo que puede llegar a ganar la elección en las urnas sin lograr contar con un apoyo mayoritario de la población en las calles, que no es pinochetista ni de derecha ni pertenece a las amplias clientelas populares de ese sector.
Esta falta de legitimidad en su origen, dificulta que la derecha logre objetivamente contener al movimiento social vía coopción o negociación política. Por el contrario, lo más probable es la agudización de los conflictos. Más todavía, si la Concertación pasa a la oposición, lo que les permitiría liberar en forma controlada, como herramienta de negociación con la derecha, todo el potencial de movilización social que hasta ahora junto al PC han mantenido contenida a través de sus prácticas burocráticas y desmovilizadoras.
Además, si Sebastián Piñera gana la próxima elección presidencial, Cristián Larroulet, UDI, ex consejero del Banco Central y uno de sus principales asesores económicos, será figura determinante de su gobierno, y lo más probable es que la UDI pelee los ministerios y subsecretarías sociales (como Mideplan, Salud, Educación y la SUBDERE). Será el regreso en propiedad de los neoliberales puros a la administración del Estado, de la que debieron salir tras la derrota de Buchi en 1990. No sólo tecnócratas acomodados, como los de la Concertación, sino neoliberales ideológicos, lo que asegura un programa de mayor explotación capitalista y precarización laboral, el intento de penetración a gran escala en los sectores populares, junto a un fortalecimiento del control social y la represión por parte del Estado.
Sin embargo, hay que señalar que en una gran medida, muchas de las políticas públicas impulsadas desde el Estado, con la derecha en el poder, deben ser sometidas a negociación legislativa con la Concertación, porque el sistema binominal sigue funcionando, por lo tanto, esas políticas o iniciativas básicamente seguirán siendo las mismas o similares a las actuales.
Frei, por su parte, también perteneció hasta hace poco a otro grupo económico, Sigdo Koopers, y la DC no sólo es políticamente conservadora y neoliberal en lo económico, en rigor de centro derecha, sino también está vinculada prácticamente, a través de varios de sus personeros, a distintos clanes también en diversas áreas de la economía. Incluso, uno de sus jóvenes coordinadores del comando, fue señalado como hombre de la Barrick Gold en la campaña.
Para una mayoría de votos concertacionistas y de la izquierda subordinada, Frei “es lo que hay” o “el mal menor”. Sólo es el candidato menos malo y sólo representa la continuidad de la crisis de la Concertación, así como de sus opciones neoliberales, por lo que tampoco resuelve la necesidad de reconfigurar un agente político hegemónico para el modelo, arrastrando los problemas de legitimidad y desgaste que la Concertación ya tiene.
Al intentar mantener su rol hegemónico sobre la población, y hoy, en plena disputa electoral con la derecha, la Concertación se ha visto obligada a revivir el fantasma del pinochetismo, y a plantear en forma oportunista algunas reformas con un carácter programático más progresista, más “de izquierda”, que incluso podrían afectar institucionalmente al funcionamiento del modelo, para tratar de atraer nuevamente a los sectores descontentos y asegurar la subordinación de amplios sectores de izquierda al proyecto burgués.
Sin embargo, “perro viejo no aprende nuevos trucos”: esa estrategia ya fue utilizada durante la elección de Bachelet y duró hasta el momento justo en que Bachelet obtuvo una mayoría sobre Piñera. Después, todos los compromisos fueron olvidados, salvo el del PC de bajar sus propias banderas de lucha. En este sentido, creemos que la izquierda extraparlamentaria que reiteradamente termina votando por la Concertación, suspende su pensamiento crítico sobre la Concertación, justo a medio camino, bajo la excusa de “pasos tácticos” que a nada han conducido desde fines de la dictadura, sin valorar la propia experiencia política de estos últimos veinte años, en el sentido de que la política de la Concertación se debe evaluar sobre la base de hechos concretos más que sobre la base de buenas intenciones de última hora o de compromisos programáticos sin fuerza legal o vinculante.
En el caso de Enríquez-Ominami, este no sólo proviene de la Concertación y forma parte de sus cuadros políticos, como diputado e hijo de un senador y ex ministro. Parte de su entorno tiene el mismo origen concertacionista y su rompimiento como grupo, si bien se articuló en torno a un discurso progresista e incluso programático en algunos puntos contradictorios con la Concertación, al igual que en el caso de Navarro, está relacionado en su origen con las propias luchas de poder internas de la Concertación, específicamente al interior del PS.
Parte de sus aliados, fueron empresarios y profesionales de derecha, neoliberales, asociados también al empresariado del modelo, como Paul Fontaine (en el rubro eléctrico) o Rodrigo Danús (en el de las comunicaciones); otros, fueron miembros desencantados de la tecnocracia liberal de la Concertación y también contó con el apoyo empresarios “atípicos”, progresistas, como Max Marambio, que a pesar de su respetable historial en las filas revolucionarias en Chile y Cuba, es también hoy, por si solo, otro gran empresario, vinculado familiarmente además a otro de los clanes que controlan la economía del país.
A partir de estos datos, es claro que el núcleo del discurso de su comando serían las reformas al régimen político, e incorporar algunas reformas y regulaciones económicas, pero manteniendo las bases neoliberales del patrón de acumulación. Por esto, reconocer que la candidatura de Enríquez-Ominami profundizaba en los hechos la crisis de la Concertación, articulando en torno a si a diversos sectores descontentos, no implicaba para nada considerar que tuviera un programa de ruptura con lo que han sido las políticas neoliberales en el país.
Muy por el contrario, la Concertación cometió un error de proporciones, ya que era el único candidato, en esta vuelta, que podía reconstituir mejor –transversalmente- el rol hegemónico de la coalición.
Finalmente, a pesar de que Arrate levantó todo un discurso programático de izquierda, y obtuvo la mayor votación presidencial del pacto PC de estos 20 años, su candidatura no constituyó más que un saludo a la bandera –por no decir un volador de luces- considerando la operación de mayor alcance de los comunistas al integrarse a la Concertación como su ala izquierda. O sea, como ala izquierda del agente político hegemónico del bloque en el poder. Es decir, cruzando la línea que divide los intereses del campo popular, de los intereses del campo de los dueños del poder y la riqueza.
En este caso, el Partido Comunista, a contrapelo de cualquier perspectiva de clase -salvo la de las clases dominantes-, en el máximo momento de debilidad política de la Concertación, renunció a la oportunidad histórica de levantar una alianza política, una candidatura y un programa independiente de izquierda, prefiriendo dar la espalda al movimiento social y a sus propios militantes inmersos en él, como los profesores, para sumarse en los hechos al programa neoliberal y represivo de una Concertación en decadencia.
Ciertamente es importante para ellos, como partido, lograr tres diputados. Es lo que han buscado desde hace 20 años, y en ese sentido su estrategia finalmente ha sido exitosa. Legítima incluso, para un partido que funciona de acuerdo a la misma lógica de los partidos del bloque en el poder. Sin embargo, el precio pagado –contener la movilización y la protesta de los trabajadores- es demasiado alto para cualquier organización que se diga popular, sobre todo si consideramos que su política de integración a la Concertación desde la elección de Bachelet, no obtuvo ningún resultado concreto en las políticas públicas impulsadas por la señora.
Por otro lado, a pesar de todo un discurso referido al rompimiento de la exclusión –tradicionalmente autorreferente por lo demás, pues se refiere sólo a su situación particular-, en los hechos, el PC obtuvo un 1,5% de votos para su plantilla parlamentaria, bastante menor a la votación obtenida los años 1997, con un 6,8%, o el 2001, con el 5,2% de los votos, por lo que fue el traspaso de votación, como integrantes de la Concertación, el que permitió la elección de sus diputados.
En este sentido, el binominal siguió operando con toda su lógica “estabilizadora”, al dividir casi exactamente las fuerzas en el parlamento, entre la Derecha (17 senadores y 58 diputados) y la Concertación/PC (19 senadores y 57 diputados, respectivamente)
Así, a pesar del discurso izquierdista de Arrate, su candidatura sólo fue expresión de una izquierda subordinada y derrotada, que viene a la siga de la Concertación desde fines del año 1986 y que todavía trata de ocultar que será imposible levantar una alternativa programática, de izquierda y menos revolucionaria, que es lo que se necesita, siendo el furgón de cola de la burguesía monopólico financiera.
Una izquierda de símbolos y testimonios, pero que no cree en sus propias fuerzas y menos en las fuerzas del pueblo para construir una alternativa política a las dos coaliciones del bloque dominante.
Es la misma izquierda que llama a votar “hasta que duela” o aquella de muchos socialistas, ex miristas, ex comunistas e intelectuales, que a pesar de todo un discurso anti-concertación, levantado sobre todo durante y en torno a la candidatura de Enríquez-Ominami, ahora corren a cerrar filas tras Frei para “parar a la derecha”, y dar vida a otro periodo de expoliación del pueblo.
Sin ser lo mismo políticamente, las tres candidaturas presidenciales reales expresaban un acuerdo básico en torno al patrón de acumulación capitalista neoliberal, con énfasis distintos. La candidatura de Arrate sólo constituyó una miserable maniobra entre la Concertación y el PC, ya que éste desde el principio estaba incorporado a la candidatura de Frei.
7. Los escenarios que se abren para el pueblo.
En la reunión de su Comisión Política, realizada el 17 de diciembre, tras analizar el peor desempeño electoral de la Concertación en veinte años, los socialistas reconocieron explícitamente que la Concertación por sí sola ya no da gobernabilidad al país, y aunque en ningún caso ahondan en las razones de ello, plantean su superación a través de una ampliación del pacto hacia la izquierda, que se habría iniciado con la incorporación del PC, tarea que habría de realizarse durante el segundo mandato de Frei, en caso de que este logre captar los votos necesarios para imponerse a Piñera, lo que se ve difícil. Por otra parte, tanto el PRSD como el PPD han estado realizando contactos con adherentes de Enríquez Ominami, para constituir o un nuevo referente o una tendencia de centro izquierda al interior de la Concertación.
De ser así, un nuevo periodo presidencial sólo alargará la crisis de hegemonía de la Concertación sobre el movimiento y los sectores populares, en un contexto de movilizaciones sociales en paulatina alza; La Concertación viviría un proceso más lento de fragmentación, reconfiguración e incluso quiebre de sus alianzas.
Si continua la inercia, que es lo más probable, y se confirma una rápida institucionalización de los diputados comunistas, que es lo esperable analizando el rol de los concejales comunistas desde el 2008, se abre mayor espacio para la configuración e intervención de una fuerza de izquierda revolucionaria en el país, que logre captar el descontento social, pero lo más importante, que logre proponer una alternativa de salida popular a la Concertación y a la Derecha.
En el caso de un gobierno de derecha, está claro que se impondría un programa básico de mayor explotación, mayor despojo y mayor represión y criminalización para los trabajadores y el pueblo.
Dada la actual tendencia de mayor movilización popular frente a los graves problemas que genera el neoliberalismo, un gobierno de derecha sólo la profundizaría y radicalizaría, dada la preferencia por la respuesta represiva que siempre ha exhibido la reacción.
En este escenario más adverso, pero más probable, de un triunfo electoral de la derecha, la Comisión Política del PS, también en su reunión de diciembre, prefigura su rol como oposición y hace notar su principal debilidad: la carencia de militantes en la base social, porque el grueso de sus militantes activos son funcionarios públicos encuadrados dentro de las redes de poder de sus distintos operadores políticos. Por esto, ya han definido que su tarea prioritaria será recomponer su base de militantes y simpatizantes en las poblaciones, sindicatos y federaciones de estudiantes, lo que tiene obvias consecuencias para nosotros, considerando que las posiciones de la izquierda revolucionaria en cada uno de estos ámbitos son sumamente débiles.
8. Nuestra propuesta de organización para la etapa que se abre.
Consideramos que continuamos en un periodo de estabilización de la lucha de clases, donde la balanza de la correlación de fuerzas sigue cargada absolutamente a favor de los dueños del poder y la riqueza, a pesar de los problemas de gobernabilidad y de legitimidad del agente político hegemónico, que tienen hoy las clases dominantes.
Sin embargo, las contradicciones de nuestro ordenamiento social, generadas por el patrón de acumulación capitalista, en su versión neoliberal, y fortalecidas por un régimen de democracia restringida (y cada vez más policial), han llevado a una etapa de reversión en la tendencia de la lucha de clases, abierta a fines de los años noventa y más claramente del 2000 en adelante, marcada por una movilización social ascendente, seguida ahora por una etapa de crisis de representación del bloque dominante y por lo tanto, de reconfiguración del régimen político. Esta nueva etapa, creemos, debe fortalecer la tendencia a una mayor movilización social.
En esta nueva etapa que se abre, lo fundamental para las fuerzas de la izquierda y revolucionarias, será la constitución de una representación política propia de los trabajadores y el pueblo, que no se subordine ni sea asimilada por alguno de los dos conglomerados políticos mayoritarios. Ni más ni menos que un nuevo proyecto político popular.
Creemos que en este escenario, de acuerdo a nuestras fuerzas y capacidades, deberemos dotarnos de los instrumentos necesarios para actuar en todos los espacios de construcción de fuerzas y articulación política: espacios legales, semi o a-legales e ilegales, cuando corresponda, con el objetivo prioritario de levantar abierta y públicamente un programa de izquierda, revolucionario, orientado a la construcción del poder popular, y plataformas de lucha en forma autónoma, en ruptura con el bloque dominante, en la perspectiva de los objetivos estratégicos que nos hemos fijado para el actual periodo.
Esto implica, a la vez de fortalecer el proceso de construcción de nuestra fuerza propia, articular las alianzas que posibiliten la conformación de un polo revolucionario, que permita, en conjunción con el desarrollo de la lucha y movilización popular, el desarrollo de acciones directas y formas básicas de autodefensa, enfrentando la represión y criminalización de la protesta, así como la construcción segura de redes de organización popular en algunos sectores sociales donde el enemigo inmediato no es el Estado, porque está ausente.
También, trae aparejada la necesidad de levantar una organización política abierta, desde la cual impulsar y desarrollar la política revolucionaria en el seno del movimiento popular, levantando un programa de ruptura y plataformas de lucha que recojan las particularidades de cada sector y frente específico con los cuales nos vinculemos, en forma combativa, poniendo el énfasis en la lucha, la movilización popular y la unidad de los revolucionarios y la izquierda.
En el caso de un gobierno de la derecha, esto significa que tendremos que construir nuestra referencialidad como proyecto político revolucionario, en disputa con el ala izquierda del bloque en el poder, porque la Concertación entraría a recomponer sus bases sociales al interior del campo popular, y enfrentados a nuestros enemigos de clase en el gobierno, por lo que hay una tensión y una contradicción de peso en la forma cómo deberemos encarar nuestro desarrollo político táctico y político orgánico.
Esto modifica, por un lado, la forma de encarar las alianzas en cada lugar concreto, sobre todo en lo que respecta a la movilización popular, en referencia a la lucha contra el enemigo principal que sería la derecha. Por otro lado, implica que la línea de autodefensa debería transformarse en una línea más ofensiva o superior de insurgencia popular, de acuerdo a un escenario más favorable para su desarrollo, debido al carácter de clase más marcado –o menos encubierto- que adquiría un gobierno de Piñera.
En ambos casos, Frei o Piñera, la crisis de representatividad sigue abierta, como señalamos antes, y eventualmente, o el intento por resolver el problema de gobernabilidad profundizará los problemas de crecimiento económico, según la agenda de los grupos económicos, o el intento de resolver los problemas del crecimiento económico profundizarán los problemas de gobernabilidad. Es una situación que no tiene resolución por el momento y que genera mejores condiciones para nuestra intervención, por las contradicciones que genera en la forma de la dominación que deben ejercer los dueños del poder y la riqueza.
En ambos casos se prefigura necesariamente una recomposición de las fuerzas politicas existentes ala interior del bloque dominante hacia finales del próximo gobierno, o porque la concertación se divide, o porque se fortalece una fuerte tendencia de izquierda extra concertación.
La lucha entonces, es para levantar una línea programática de izquierda revolucionaria, una corriente de masas, que pueda encarnarse en el movimiento de trabajadores, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de pobladores, y levantar un proyecto político popular de carácter revolucionario.
¡LUCHANDO AVANZA EL PUEBLO!
¡A DESATAR LA CRISIS DE LOS PODEROSOS!
¡A DESATAR LA CRISIS DE LOS PODEROSOS!
Danilo Neira, Enero del 2010
TERRITORIO MAPUCHE HULLICHE
Xa REGION DE LOS LAGOS
PROVINCIA DE LLANQUIHUE - $HILE
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LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITICOS!!!
WALLMAPU LIBRE...!!
