La soberanía es popular, Los territorios son de los pueblos
La Madre Tierra es de quien la cuida.
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno a la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno a la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos.
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en el Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios prohibidos para la población; en la Región del Catatumbo, para impedir que la Madre Tierra sea profanada mediante la explotación del carbón; en el Cesar y la serranía del Perija para que MPX empresa de explotación de gas y petróleo detenga las excavaciones. Cada una de estas luchas populares son para impedir la desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado siete mandatos temáticos, diez macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los siguientes:
Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, MPX, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa Carton de Colombia, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.
El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política y negociada del conflicto social y armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos.
El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.
El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
El séptimo mandato es realizar un ordenamiento social del territorio urbano. Proponiendo suelo y agua como bienes vitales, públicos y comunes. Reconociendo la diversidad y las diferencias de los pobladores que habitan las ciudades de Colombia. Legalización de territorios urbanos y no reubicación forzada.
El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
El Noveno Mandato es consolidar espacios para que los niños y niñas de nuestros territorios deliberen y decidan. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos nuestros corazones y conciencias para que sus aportes sean tenidos en cuenta. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar, construir y defender el país de sus sueños.
Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!
Cali, Octubre de 2011.
